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                          Al tomar posesión del cargo de presidente del Gobierno, tanto Felipe González Márquez 
                          como José María Aznar López (y José Luis Rodríguez Zapatero), juraron o prometieron 
                          "cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno con lealtad 
                          al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así 
                          como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros”.
  
                          
                          Respecto a su juramento o promesa de “lealtad al rey”, 
                          
                            
                            -	Felipe González implicó al rey en la estafa en los precios de alquiler de los
                            contadores, pues permitió que firmara el Real Decreto 2204/1995. mediante el cual 
                            la mafia del kilowatio cometió dicha estafa desde el 01.01.1996 al 31.12 1996
  
                            
                            -	José María Aznar implicó trece veces al rey en la estafa en los precios de alquiler 
                            de los contadores, pues permitió que firmara los trece reales decretos 
                            [1] mediante los cuales la mafia del kilowatio cometió dicha 
                            estafa desde el 01.01.1997 al 31.12 2007.
                            
                                 
                                [1] Reales decretos 2657/1996, 2017/1997, 2821/1998, 2066/1999, 
                                3490/2000, 1483/2001 (en este Real Decreto, el Gobierno prevarica en dos ocasiones), 
                                1436/2002, 1802/2003, 2392/2004, 1556/2005, 809/2006, 1634/2006 y 871/2007.
                                 
                             
                            
                          Respecto a su juramento o promesa de “guardar y hacer guardar la Constitución”, 
                          ni Felipe González ni José María Aznar cumplieron su palabra, ya que durante sus mandatos 
                          impidieron que “la Administración Pública sirva con objetividad los intereses generales 
                          (…), con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”  (artículo 103.1 de la Constitución), 
                          como lo prueban los siguientes hechos:
                          
                            
                                              
                      
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