|
|
|
|
|
|
|
|
| Inicio > Implicados > Compañías eléctricas (I) > Cargos públicos implicados en la primera etapa de la estafa (2/2) | |||||
|
¿Por qué la Dirección General de la Energía se limitó a pedir a los fabricantes que remitieran a dicha DG listas de precios y descuentos medios vigentes aplicados a mayoristas y no solicitó a dichos fabricantes y a las compañías eléctricas las facturas que confirmaran que los datos remitidos por los fabricantes eran los reales? ¿Cuál fue el motivo de que ninguno de los citados cuatro cargos públicos comprobara la veracidad de los datos facilitados por los fabricantes?: ¿la desidia?, ¿el servilismo?, ¿una orden superior?, ¿un motivo económico? Lo cierto es que si dichos cuatro cargos públicos hubieran puesto en su trabajo en el Ministerio de Industria el mismo interés que después pusieron en su trabajo en la empresa privada,
- las compañías eléctricas no llevarían veintiséis años cobrando por un servicio que no prestan, pues a pesar de que el único y exclusivo motivo por el que la Orden de 20.12.1984 incrementó entre el 2.081,10% y el 3.123,30% los precios de alquiler fue “cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización del parque de contadores, con objeto de evitar los consiguientes perjuicios que para la calidad y fiabilidad de la medida se derivan de la falta de dicha adecuada renovación y actualización”, ésta no se ha llevado a cabo, debido a que aún no existe ninguna normativa oficial que defina cómo debe ser realizada (si desea más información sobre este asunto, vaya a la entrega 3.- 7.500 millones de euros por un servicio inexistente ). Los cargos públicos responsables directos del inicio de la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz, que genera actualmente 350.000 euros, afecta a 23 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas más de 4.200 millones de euros, son los siguientes: |
|||||
| pág 18 | |||||
|
|||||
