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Por cierto, en la
segunda página
del citado documento confidencial figura el siguiente
párrafo, que Gustavo Eisenberg atribuye a Pedro Rivero Torre:
"UNESA no tiene la menor duda del correcto proceder de los fabricantes y de que
éstos están carentes de toda responsabilidad o implicación en la aparición de los
citados artículos [3]. Esta opinión es también la
de los directores de las empresas eléctricas con los que ha hablado de este asunto.
Este convencimiento también lo transmitió al Secretario Gral. de la Energía,
D. Alberto Lafuente".
[3] Los artículos son los publicados en El País
el 21 y el 23.11.1995, los cuales he incluido al final de las mencionadas notas.
A primera vista, dicho párrafo carece de lógica, pues si el artículo de 21.11.1995 de
El País informa de la existencia de un grupo clandestino, a través del cual los
fabricantes de contadores imponen unas restricciones que perjudican económicamente a las
compañías eléctricas, ¿qué sentido tiene que el vicepresidente y director general
de la patronal de éstas a) afirme que UNESA y los directores de las citadas
ompañías "no tienen la menor duda del correcto proceder de los fabricantes"
y b) transmita dicho convencimiento al secretario general de la Energía, Alberto
Lafuente Félez, quien, aparte de estar obligado a informar a los Organismos públicos
encargados de la defensa de la competencia, es superior jerárquico de la directora general
de la Energía, María Luisa Huidobro y Arreba, responsable del cálculo de los precios de
alquiler, los cuales, por ser función de los precios medios de mercado de los contadores,
están afectados por las citadas restricciones?
Sin embargo, el párrafo tiene pleno sentido si se parte de la hipótesis de que lo que
Pedro Rivero Torre pretende es, precisamente, tranquilizar al secretario general de Energía
para que no inicie ninguna investigación ni ordene a la Dirección General de Energía que
compruebe que los precios de alquiler de los contadores han sido calculados conforme
a lo establecido legalmente, pues dichas investigación y comprobación pondrían al descubierto
la estafa oculta tras los citados precios, la cual, en la fecha de la reunión (23.11.1995),
llevaba reportados a las compañías eléctricas más de
2.380 millones de euros.
[4]
[4] Como era de esperar, Alberto Lafuente Félez y
María Luisa Huidobro y Arreba no hicieron absolutamente nada para comprobar
si la noticia de 21.11.1995 de El País era cierta y si los precios de alquiler
publicados en el Boletín Oficial del Estado habían sido calculados conforme a lo
establecido legalmente, pues, parafraseando el famoso aserto del escritor norteamericano
Upton Sinclair, es difícil que una persona compruebe algo si su puesto de trabajo
depende de que no lo compruebe.
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