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14.4- ¿Cumple el Gobierno su obligación de defender los legítimos intereses generales?
La respuesta es un rotundo NO, pues, por sistema, el Gobierno remite su propuesta de tarifa a la CNE pocos días antes de que se celebre el Consejo de ministros, con el fin de obligar a dicha Comisión a tramitar su informe por el procedimiento de urgencia, el cual, por establecer un plazo máximo de siete días, hace imposible que la CNE y el Consejo Consultivo de la Electricidad efectúen un análisis preciso y exhaustivo de la propuesta de tarifa del Gobierno.

Los documentos que demuestran que el Gobierno incumple sistemáticamente su obligación de remitir a la CNE la propuesta de tarifa con la antelación suficiente para que la CNE y el CCE puedan realizar adecuadamente su función de velar por la objetividad y transparencia de funcionamiento de los sistemas enérgéticos son los propios informes de la CNE, de los cuales le detallo a continuación los emitidos desde el año 2000 (le recomiendo que en cada uno de ellos lea los textos resaltados en amarillo): Como habrá comprobado si ha leído los párrafos resaltados en amarillo, todos los informes han sido tramitados por el procedimiento de urgencia, a pesar de que dicho procedimiento sólo es aplicable "por razones de probada excepcionalidad"  y, sobre todo, a pesar de la advertencia hecha por la CNE al Gobierno en cada uno de los citados informes:
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