Inicio > La estafa > Cómo actuar ante la liberalización de 01.07.2009. La verdadera subida de tarifa > Causas por las cuales el Gobierno no cumplirá su obligación (1/5) 17.2.- Causas por las cuales el Gobierno no cumplirá su obligación Las causas por las cuales el Gobierno no cumplirá su obligación de garantizar la libre competencia en el mercado eléctrico y “evitar todo abuso de posición dominante y todo comportamiento depredatorio" de las compañías eléctricas son, entre otras, las siguientes: a) El Gobierno protege al grupo clandestino Contact [1], una de cuyas funciones es impedir la libre competencia en el mercado de los contadores de la luz, con objeto de hacer antieconómica la compra del contador y obligar al usuario a alquilarlo a las compañías eléctricas. b) El Gobierno comete a través del Boletín Oficial del Estado la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz [2], planificada en 1984 por el PSOE y perfeccionada en 2001 por el PP. La cantidad estafada supera ya los 4.000 millones de euros y se incrementa cada día en 350.000 euros. c) El Gobierno impide que la Comisión Nacional de Energía (en adelante, CNE) disponga del tiempo necesario para analizar los datos facilitados al Gobierno por las compañías eléctricas y utiliza métodos contables irregulares para valorar dichos datos, lo cual ha provocado un déficit tarifario artificial que a finales de 2009 superará los 20.000 millones de euros [3] d) El Gobierno aún no ha establecido el control metrológico del Estado sobre los contadores de inducción, ni ha definido, por tanto, cómo debe efectuarse la verificación periódica de dichos contadores y cuál es la vida útil máxima de éstos, a pesar de que los primeros contadores de inducción se instalaron hace más de un siglo. Sin embargo, el Gobierno permite que las compañías eléctricas nos cobren 600.000 euros diarios por dichas verificación y sustitución, un servicio que no recibiremos mientras el Gobierno no establezca el citado control metrológico. La cantidad total que las compañías eléctricas nos llevan cobrada desde 1984 por dicho servicio inexistente supera ya los 8.000 millones de euros [4] e) El Gobierno ha hecho obligatoria la instalación del interruptor de control de potencia (ICP), un dispositivo que, como le demostraré en una próxima entrega, es completamente inútil y permitirá a las compañías eléctricas embolsarse más de 70 millones de euros en concepto de “revisión y precintado”, casi 1.000.000 euros/mes en concepto de alquiler y, si nadie lo impide, hasta 970 millones de euros en concepto de instalación, lo cual constituiría una estafa, pues los costes asociados a la instalación están incluidos en el precio de alquiler. pág 193