Inicio > La estafa > La estafa, paso a paso: Antecedentes > El Boletín Oficial del Estado, instrumento del fraude (3/3) Dado que el precio medio de mercado de un contador es un dato conocido exclusivamente por las empresas fabricantes y las compañías eléctricas, a éstas les interesa que el número de contadores incluidos en el segundo grupo sea el mayor posible, pues al abonado le es imposible averiguar si el precio de alquiler que le está cobrando la compañía eléctrica es o no superior al 1.25% del precio medio de mercado del contador. Así pues, el motivo por el cual las compañías eléctricas han presionado al Gobierno de UCD para que sustituya 63 amperios por 50 amperios en la póliza de abono aprobada el 20.08.1981 es que dicha sustitución deja la puerta abierta al fraude de que sean las citadas compañías las que fijen el precio de alquiler de los millones de contadores domésticos de Inom= 15 amperios e Imáx=60 amperios ya instalados y de todos los que se se instalen tras la entrada en vigor de dicha póliza. La sustitución de 63 amperios por 50 amperios en la póliza de abono aprobada el 20.08.1981 es aprovechada de inmediato por las compañías eléctricas para subir el precio de alquiler del contador doméstico de Imáx= 60 amperios. En el caso de Sevillana de Electricidad (denominada Sevillana-Endesa tras su absorción por Endesa), la subida es del 2.211,16%, pues tras la entrada en vigor de la citada póliza el precio de alquiler de dicho contador pasa de 3.70 pts/mes a 81.85 pts/mes. El fraude, como explicaré en la próxima entrega, está mal planificado y será pronto descubierto debido a la reacción de un vecino de Getafe ante el despotismo de Iberduero (denominada Iberdrola tras su fusión con Hidroléctrica Española) y a la intervención de dos diputados andaluces ante las numerosas irregularidades cometidas por Sevillana de Electricidad. 08.09.1981: Un vecino de Getafe (Madrid) detecta una subida desproporcionada en el precio de alquiler del contador instalado en su vivienda y, en respuesta al trato despectivo recibido de Iberduero, inicia una investigación que le lleva a descubrir el fraude y a denunciar éste ante la delegación de Industria, la propia Iberduero y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Getafe, la cual inicia a su vez otra investigación que le lleva a la conclusión de que el fraude no afecta sólo a Getafe. Ante la irrefutabilidad de las pruebas documentales presentadas por los denunciantes, Iberduero se defiende afirmando que la subida está autorizada por la póliza de abono aprobada el 20.08.1981. Con objeto de evitar el escándalo político, el Ministerio de Industria, responsable de la aprobación de dicha póliza y, por tanto, de la sustitución (de 63 amperios por 50 amperios) en la que está basado el fraude, obliga a Iberduero a devolver a sus abonados los 1.500 millones de pesetas cobrados en exceso por el alquiler de los contadores. pág 50