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09.06.2008
JEFATURA DEL ESTADO
Aunque el tema de la implicación del jefe del Estado lo trataré detalladamente
en una próxima entrega, creo necesario adelantar ahora cuál es dicha implicación
con objeto de evitar interpretaciones incorrectas.
El artículo 56.1 de la Constitución establece que " el Rey es el Jefe del
Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones".
El rey, por tanto, está obligado constitucionalmente a intervenir como árbitro
y moderador en aquellos casos en los que el funcionamiento de las instituciones
del Estado, cuya jefatura ostenta, sea irregular.
Evidentemente, es irregular que el Gobierno utilice desde 1984 el BOE para cometer
una estafa que que genera actualmente unos
350.000 euros diarios,
afecta a 23 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas
al menos la mitad de los más de
7.500 millones de euros
cobrados ilegalmente por el alquiler de los contadores de la luz.Igualmente, es
irregular que la fiscalía, los tribunales y el Congreso protejan al Gobierno en
la comisión de dicha estafa.
Puesto que el rey ha sido advertido por mí en once ocasiones de dicho funcionamiento
irregular y no ha ejercido su función de arbitro y moderador, es lógico deducir que
su pasividad se debe a la ignorancia en la que lo tiene sumido la tupida red de
corrupción que el Gobierno ha tejido en torno a él, ya que si,
como afirma el
jefe de la Secretaría de Despacho de la Zarzuela en los tres escritos que me ha remitido,
el jefe del Estado hubiera quedado enterado del contenido de mis citados once escritos
(que publicaré en una próxima entrega), habría cumplido su función constitucional de
árbitro y moderador y habría impedido que las instituciones continuaran funcionando
irregularmente.
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