Inicio > La estafa > La factura de la luz > Consumo (4/5) "La solución de los problemas que tiene el sistema eléctrico español (,,,) requiere no sólo la variación del método actual, en el que, al margen de cualquier metodología, se establecen unas variaciones tarifarias (...), sino que además requiere el establecimiento de una metodología que garantice que la retribución de las actividades reguladas se invierte efectiva y adecuadamente en la mejora y ampliación de las redes". Como consecuencia del escaso tiempo dado por el Gobierno a la CNE para emitir su informe sobre la propuesta de tarifa eléctrica, el Gobierno fija la tarifa eléctrica sin haber leído dicho informe, pues éste llega al Ministerio de Economía nueve días después de celebrado el consejo de ministros que debía analizarlo. La tarifa eléctrica de 2002, fijada arbitrariamente por el Gobierno, fue aplicada a 143.500 Gwh (1 Gwh= 1 millón de Kwh) y afectó a una facturación superior a 11.000 millones de euros. Algunas de las irregularidades cometidas por el Gobierno en la fijación de la tarifa eléctrica fueron sacadas a la luz pública el 09.12.2002 por Interviú en el reportaje Los favores del Gobierno a las eléctricas, el cual, como detallaré en su momento en el apartado IMPLICADOS/ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, provocó el archivo fulminante y fraudulento del procedimiento penal incoado para investigar la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz y los delitos conexos a dicha estafa. A pesar de que el Gobierno sabe que los hogares españoles pagan la electricidad a uno de los precios más altos de Europa y que las inversiones que las compañías eléctricas afirman haber efectuado en las instalaciones de transporte y distribución están sobrevaloradas y, en consecuencia, dan lugar a una tarifa eléctrica superior a la que resultaría si dichas inversiones hubieran sido valoradas correctamente, el Gobierno considera que las tarifas eléctricas publicadas en el BOE generan pérdidas a las compañías eléctricas, por lo que les ha reconocido a éstas el derecho a cobrar el denominado déficit tarifario, que está previsto que alcance los 16.000 millones de euros al finalizar 2008. pág 11