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Según consta en el voto particular de dicho informe,
    "El expediente de tarifas constituye el acto regulatorio más importante del año y es por tanto imprescindible que todos los organismos que intervienen en su propuesta e informe dispongan de un plazo razonable para hacer sus aportaciones.

    Ello no es posible cuando, como en este año, el Ministerio ha remitido el expediente el 19 de diciembre, teniendo en cuenta que debe ser examinado por el Consejo de Ministros del día 27.

    Ocho días que incluyen Navidad no son suficientes para que la CNE envíe el expediente al Consejo Consultivo de Electricidad, para que los miembros de este Consejo estudien la propuesta, para que redacten sus alegaciones, y una vez recibidas por escrito puedan ser valoradas, y para que la CNE pueda hacer llegar en tiempo hábil un informe completo al Ministerio de Economía, que a su veza lo ha de remitir a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para su posterior remisión al Consejo de Ministros.

    La mejor prueba de que el plazo no es suficiente es que los servicios técnicos de la CNE han propuesto enviar el informe que han elaborado sin tener en cuenta, por falta de tiempo, el contenido de las alegaciones del Consejo Consultivo, que, por otra parte, en el momento de iniciar el Consejo de Administración que ha aprobado este informe, habían llegado en número de 5, cuando el número de miembros del Consejo Consultivo es de 36.

    Además, ¿ tendrán el Ministerio de Economía, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros de valorar sosegadamente el contenido del informe de la CNE y de su Consejo Consultivo cuando estos escritos saldrán de la CNE en la tarde del 26 de diciembre?. ¿No será, pues, un simple ejercicio formal para evitar que el acto administrativo sea impugnado por algún actor del sector eléctrico español sujeto a sus resultados?

    Ante estas circunstancias no se puede dar por bueno cualquier aumento de tarifas por pequeño que sea, ya que ni la subida media de tarifas propuesta del 0.41% solucionará problema alguno ni tampoco la solución del problema debe basarse exclusivamente en una subida de tarifas. Puede que las tarifas deban bajar o puede que en algún momento incluso tengan que subir, pero siempre sujeto a métodos objetivos, transparentes y no discriminatorios".

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