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21.02.2010

22.-ENDESA: LA IMPUNIDAD DEL CORSARIO

Corsario, en el sentido clásico, era el pirata que actuaba con el permiso (patente de corso) de un Gobierno, que le concedía protección e inmunidad legal a cambio de una parte del botín obtenido del abordaje a determinados buques mercantes.

Contra lo que pudiera creerse, la profesión no ha desaparecido. Simplemente, se ha adaptado al medio.

Así, por ejemplo, algunos de los corsarios que operan actualmente en la Unión Europea han sustituido el barco por el edificio corporativo; los cañones, por los reales decretos y las órdenes ministeriales de actualización de la tarifa eléctrica; la casaca y la pierna de palo, por el traje de diseño y los zapatos de piel, y el garfio, por un bufete de sicarios. Pero, como sus antecesores del siglo XVI, siguen abordando a sus víctimas y cediendo parte del botín al Gobierno que los protege y les da inmunidad legal.

En las entregas anteriores a ésta hay numerosos documentos que demuestran fehacientemente que las compañías eléctricas establecidas en España defraudan y estafan a sus clientes con total impunidad gracias a la protección e inmunidad legal que les ha concedido el Gobierno, el cual no sólo les planifica y perfecciona las estafas sino que impide la investigación de sus delitos y represalia a quien se niega a participar en ellos y los denuncia ante los tribunales.

Pero, ¿cobra el Gobierno español (es decir, el partido político que lo controla) por dar protección e inmunidad legal a las compañías eléctricas?

Una simple ojeada a las hemerotecas basta para comprobar el profundo pozo de corrupción en el que, como consecuencia del clientelismo generado por las listas cerradas, están hundidos los partidos políticos, con la consiguiente condena social.

Por muy ingenuo que se sea, cuesta trabajo creer que quienes cobran por recalificar un solar o conceder una licencia de obras,
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