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    - La estafa se cometería en los precios de alquiler fijados por el Ministerio de Industria, que son los publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no en los fijados por las compañías eléctricas. Con ello, la estafa quedaría encubierta, pues ¿qué persona que tuviera alquilado un contador iba a sospechar (y menos, a probar) que el BOE estaba siendo utilizado por el Gobierno para cometer una estafa de miles de millones de pesetas anuales en favor de las compañías eléctricas?

    - Puesto que la nueva póliza de abono establecería, como las anteriores, que "el Ministerio de Industria fijará las cantidades concretas máximas que se pueden aplicar por el alquiler en base al 1.25% del precio medio de mercado del aparato", para hacer posible la estafa, el Ministerio de Industria fijaría dichas cantidades concretas máximas en función de los precios medios de mercado falsos que le facilitarían los fabricantes.

    - Los nuevos precios de alquiler calculados por el Ministerio de Industria con los precios medios de mercado falsos facilitados por los fabricantes afectarían no sólo a los contadores instalados a partir de la entrada en vigor de la Orden ministerial en la que aparecieran publicados dichos precios sino a todos los contadores del parque nacional en alquiler.

    - Para conseguir que el número de contadores en alquiler fuera el máximo posible, los fabricantes impondrían restricciones a la libre competencia entre los almacenistas-distribuidores con objeto de que los precios de venta de éstos al usuario final fueran lo suficientemente elevados para hacer antieconómica la compra del contador y obligar a alquilar éste a la compañía eléctrica.

    - En caso de necesidad, el PSOE aportaría sus diputados para impedir que la estafa fuera investigada por el Congreso y sus jueces y fiscales para impedir que fuera investigada por los tribunales.

    - A pesar de que la única y exclusiva finalidad de los precios de alquiler es que las compañías eléctricas hagan frente a la verificación periódica y renovación de sus parques de contadores en alquiler, el PSOE no regularía el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos (sin dicha regulación no es posible llevar a cabo las citadas verificación periódica y renovación), lo cual permitiria a las compañías eléctricas cobrar por un servicio no prestado (a día de hoy, la cantidad cobrada por las compañías eléctricas por ese servicio no prestado supera los 7.500 millones de euros)
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