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Tercera: ¿Impide el Gobierno que se establezca el control metrológico que obligue a las compañías eléctricas a hacer frente a la “adecuada renovación y actualización” de sus parques de contadores electromecánicos en alquiler, un servicio, repito, por el que las citadas compañías llevan cobrados desde 1984 más 8.400 millones de euros, que se incrementan cada día en 600.000 euros?

Cuarta: ¿Utiliza desde 1984 el Gobierno el Boletín Oficial del Estado para cometer una estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz, que genera actualmente 350.000 euros diarios y supera ya los 4.200 millones de euros?


4.- ...una respuesta...
Si la respuesta a las cuatro preguntas planteadas en el punto 3 es NO,
    - soy un individuo “patológicamente desequilibrado”, “resentido contra la sociedad y todo lo que representan las empresas multinacionales y el sistema económico capitalista en que se desenvuelve nuestra economía, contra las que parece haber emprendido, desde hace tiempo, una cruzada particular”, “todo lo cual demuestra cuál es la verdadera catadura moral y el perfil psicológico del individuo en cuestión y desvirtúan la totalidad de sus acusaciones”, como afirma la multinacional suiza Landis & Gyr, autora de la denuncia falsa en la que se basó el magistrado Mariano Toscano Sánchez, titular de Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, para considerar procedente mi despido.

    - soy un individuo que “no tiene respeto por las administraciones, las empresas ni los partidos políticos”, como, según la agencia de noticias Europa Press, afirman “fuentes de Endesa”.

    - soy un individuo “malicioso, temerario, de acreditada mala fe, contumaz, artero, falso, de bajeza moral, de personalidad obsesiva”, que “denuncia unos hechos por venganza de un despido”  y “presenta como pruebas cintas magnéticas, de sólo audio, limpiamente manipuladas, no ya ilícitas, sino perversas, obtenidas con maquinación maliciosa, mediante iniquidades morales”, como afirma la Abogacía del Estado.

    - Soy un individuo “temerario y de mala fe”, como afirman los abogados Miriam Sacristán Bravo de Medina, Alfonso Trallero Masó, del bufete Miguel Bajo, y Juan Casanueva Pérez Llantada, del bufete Ramón Hermosilla.

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