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9.4.- La traición, al descubierto en El País
Las compañías eléctricas se enteraron el 21.11.1995 de que los fabricantes integrados en el grupo Contact, que dichas compañías creían unos colaboradores leales, les estaban traicionando desde 1984 aplicándoles unos incrementos artificiales de precios previamente consensuados, sin tener en cuenta ni los estrechos vínculos existentes entre ambas partes ni la dependencia económica de dichos fabricantes respecto de las compañías eléctricas, ya que entre el 85% y el 93% de su producción era comprado por éstas.

Las compañías eléctricas tuvieron conocimiento de la traición de una forma humillante para ellas, pues la información no les llegó a través de una canal reservado sino de una noticia publicada en el diario de mayor difusión de España, concretamente, de la noticia Los fabricantes de contadores presionan a las eléctricas por un contrato de casi 20.000 millones, en la que El País informaba de que en una reunión celebrada en la sede de FECSA (Barcelona), cinco fabricantes habían presionado [3] a las compañías eléctricas para que éstas adquiriesen en España y no en la UE los entre 1.5 y 3 millones de nuevos contadores que serían necesarios para sustituir a los que debían ser retirados tras la entrada en vigor de la Orden [4] que el Ministerio de Industria tenía previsto aprobar en la primavera de 1996.
    [3] La presión consistió en amenazar con hacer público que los precios de alquiler de los contadores eran muy superiores a los máximos autorizados en la póliza de abono aprobada mediante el Real Decreto 1725/1984.

    [4] La Orden iba, por fin, a regular el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos, los cuales, a pesar de que comenzaron a ser instalados hacia 1880, en 1995 aún no contaban con dicha regulación ni, por tanto, con ninguna norma que estableciera la vida útil máxima de dichos contadores, ni el plazo de validez de la verificación primitiva (la efectuada por el fabricante antes de vender el contador), ni las condiciones en las que debía realizarse la verificación periódica, ni el plazo de validez de ésta. A día de hoy, 22.09.2008, en que han pasado 128 años desde que los primeros contadores entraron en servicio y 12 años desde que El País informó de que el Ministerio de Industria tenía previsto publicar dicha Orden en la primavera de 1996, la Orden aún no ha sido publicada, lo cual permite a las compañías eléctricas incrementar diariamente en 600.000 euros los más de 7.500 millones de euros que llevan cobrados ilegalmente desde 1984 por un servicio ("la adecuada renovación y actualización" de sus parques de contadores) que no dan porque no existe ninguna normativa oficial que defina en qué consiste dicho servicio. Si desea más información sobre este asunto, que es uno de los muchos que ponen de manifiesto el vergonzoso y humillante servilismo del Gobierno hacia las citadas compañías y la total indefensión de los clientes de éstas, pulse aquí
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